Investigadores de Castilla y León piden un pacto por la I+D

La Comisión de Representantes de Investigadores de Castilla y León (CRICyL) pide el apoyo de los partidos políticos para sacar adelante un Pacto para la I+D (Investigación y Desarrollo) en la Comunidad. El encuentro tendrá lugar en la reunión con representantes de todos los grupos parlamentarios que se ha establecido para este jueves 3 de marzo en las Cortes de Castilla y León.

La propuesta, presentada como una Proposición no de Ley, busca que PP, PSOE, IU-Equo, Podemos, Ciudadanos y UPL pidan a la Junta de Castilla y León, y de manera conjunta con la CRICyL, que se modifique la actual financiación pública en investigación. La petición de firmar este pacto llega después del parón sufrido en la investigación en Castilla y León para el ámbito de las Ciencias Sociales.

Tras la reunión, y si prospera el apoyo de los partidos políticos como representantes de las Cortes de Castilla y León, instarán al Gobierno de Juan Vicente Herrera a la «urgente» retirada de la convocatoria de bases de financiación pública de la investigación de Castilla y León, así como el aumento del porcentaje de la actual inversión en I+D, respecto al PIB, pasando del 1’15% al 2’5%.

La comunidad investigadora reclama además la no mercantilización de la I+D: no exigir la tenencia de colaboraciones empresariales como condición previa para obtener financiación pública de la Junta y la disminución de las ventajas que se dan a las Unidades de Investigación Consolidadas para que los grupos más jóvenes tengan también acceso a las ayudas importantes.

La política de los últimos cuatro años, explica la CRICyL, «ha supuesto un recorte de los fondos regionales para investigación, lo cual ha obligado a la paralización de muchos proyectos regionales, el cierre de laboratorios y el abandono de campos de conocimiento de investigación fundamentales». Los investigadores comenzaron a cuestionar estas medidas desde la última resolución de ayudas, que dejó fuera del programa al 80% de los proyectos presentados. Las ramas más castigadas son la arqueología, la educación, la historia o la comunicación.

Las universidades públicas de Castilla y León así como la comunidad científica regional no quieren que se consuma lo que parece «la muerte anunciada de buena parte de la investigación castellano-leonesa».

Próximamente contaremos con la opinión de María Luisa Lobato, portavoz de la plataforma de CRICyL, en nuestros informativos, ¡no te lo pierdas!